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Los vigiladores privados estarán obligados a denunciar delitos en la calle

El Gobierno presenta un proyecto de ley de seguridad privada. Los guardias tienen un sistema de comunicación con la Policía. Se requiere un título de nivel medio y un registro en línea para saber si están habilitados.

Con la intención de regular el funcionamiento de la seguridad privada y “articularla” con el sistema de seguridad pública, el Gobierno provincial presenta el marco regulador para la actividad. La normativa establece que los ríos que prestan servicios de vigilancia barrial de manera informal, accedan a una autorización renovable cada dos años, que también tienen los vigiladores privados, el nivel secundario aprobado y un prontuario sin antecedentes.

Se trata de un colectivo de 12 mil personas, entre guardias de empresas, empleados de cooperativas de trabajo y negocios, que la Secretaría de Seguridad de la Provincia quiere incorporar a la vigilancia ciudadana, obligándolos a denunciar a la  policía situaciones sospechosas y delitos flagrantes, aunque estos ocurran fuera de su ámbito de vigilancia.

El texto de la nueva ley de seguridad cuenta con el aval de la Cámara de Empresas de Seguridad Privada y del Suvico, el gremio de los guardias. Las entidades y el gobierno ya debatieron la letra chica del proyecto de ley y firmaron un acta compromiso. Con esos avales, el texto llegará a la Unicameral, para la redacción final, aunque no tenga puntos de conflicto entre las partes.

En el corazón del proyecto se establece que los vigiladores privados y los rondines barriales exigen “cooperar y asistir” con las fuerzas de seguridad, y quedarán obligados a “denunciar delitos de acción pública” que detecten, aunque estos ocurran fuera del ámbito en el que están contratados.

Para hacer funcionar la colaboración, el dispositivo debe contar con un teléfono móvil, o el número debe estar en el 101 de la Policía, para agilizar el llamado y el tiempo de respuesta de los teléfonos que acudan al llamado. La futura ley especificará que en caso de que una guardia incumpla este punto se considerará que cometió una falta “muy grave”, lo que podría significar que se revocó su habilitación como guardia.

 

“Este proyecto de ley tiene como objetivo el desafío de las acciones de articulación entre lo público y lo privado. Estamos construyendo un nuevo paradigma que convertirá a la seguridad privada en el auxiliar más significativo del sistema preventivo actual “, dijo el secretario de Seguridad de la Provincia, Diego Hak. 

Hace 13 años, la Legislatura sancionó la ley 9.236, que fijó las obligaciones para las empresas de seguridad. Ahora, será reemplazado por este nuevo marco regulador. “Esta reforma propuesta tiende a la profesionalización del vigilante, así como también a los derechos laborales”, dijo Hak. En este punto, el proyecto de ley que se presenta en los próximos días establece que todos los guardias de la imagen cobrar lo mismo. Actualmente, el valor de la hora / hombre es el ítem que determina el costo final de la prestación, y aquellos que trabajan en las cooperativas perciben menos que quienes se desempeñan en una sociedad anónima.

El caso de los vigiladores que prestan el servicio de manera unipersonal, cobrándole a los vecinos una tarifa, sea uno de los puntos polémicos de la discusión legislativa. La Secretaría de Seguridad relevó 145 servicios de esta modalidad, muchos de ellos en manos de policías retirados.

Fuente: La Voz