Unas 500 personas participaron de una verdadera cacería humana en Tucumán. Tras el hallazgo del cuerpo de Abigail Riquel, una nena de nueve años que fue violada, familiares y vecinos identificaron a José Antonio Guaymás como sospechoso y fueron tras sus pasos. Durante 72 horas quemaron tres viviendas que estimaban como potenciales refugio para el hombre que había salido poco antes de prisión. Guaymás tenía 19 causas por robos y en ninguna había llegado a juicio. Está vez una turba se adelantó a la policía. Fue linchado.
“La sociedad tucumana le está diciendo algo a las instituciones con este linchamiento salvaje. ¿Cómo es posible que los ciudadanos encuentren a la niña y al presunto abusador antes que el Estado? Esto tiene que ver con las fallas de las instituciones, errores que se traducen como violencia institucional. Las personas actúan de manera brutal porque ven impunidad. El linchamiento se podría haber evitado. En otros casos la policía hubiera investigado con mayor agilidad”, reflexionó la abogada Gabriela Rodríguez, especialista en temas de género y directora académica de la Fundación Cintia Fernández, una ONG que trabaja en el Norte con familias víctimas de la violencia.
El brutal episodio registrado en Tucumán no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una escalada de casos de intentos de linchamientos que se registraron durante la cuarentena.
De hecho, tras el asesinato de Guaymás, en Tucumán se notificaron otros tres intentos de linchamientos, solo entre el jueves y el viernes. Al menos 30 vecinos de la zona sur lastimaron severamente a un adolescente que quiso robar un celular y tuvo que ser internado, mientras que otro grupo destrozó la carnicería de un hombre que, en el barrio San Jorge II, fue acusado de manosear a una chica de 14 años. Además, en la localidad de Delfín Gallo, otra turba enfurecida intentó capturar a un joven de 15 años, acusado de violar a un niño de tres.
Y otro linchamiento se conoció ayer en Mendoza, donde un hombre denunciado por violencia de género fue asesinado a golpes por vecinos que los acorralaron cuando había evitado la captura policial.La acción de los uniformados también quedó bajo investigación.
“Tenemos que pensar que hay condiciones colectivas que anteceden y posibilitan un linchamiento. Como sociedad, nos tenemos que preguntar cuáles son esas condiciones. Cuando no se toma una denuncia, se ponen en juego prejuicios de género sobre la persona que ha sufrido violencia. Por eso es importante la aplicación de la ley Micaela, que va de la mano de un cambio social”, comentó la socióloga Ana Declerq, que integra el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta.
También esta semana, pero en la ciudad bonaerense de Chascomús, un hombre de 20 años, identificado por fuentes policiales y judiciales como Tobías Ezequiel, sobrevivió a un intento de linchamiento por la intervención policial. Su pareja lo había señalado como responsable de abusar de una beba de 18 meses. En esa línea de delitos, en Salta, un padre y su hijo, de 49 años y 25 años, se enfrentarán próximamente un juicio por asesinar a puñaladas a un joven de 16 años que acosaba a una adolescente de su familia.
No hay estadísticas oficiales sobre homicidios vinculados a la reacción social contra la delincuencia, sin embargo, un repaso de casos permite visualizar que los intentos de linchamiento aumentaron con mucha rapidez en los últimos meses.
Violencia en el conurbano
El 3 de octubre pasado, en La Matanza, un panadero resistió un robo y mató a uno de sus asaltantes, pero más allá de las circunstancias que rodearon a ese hecho, que está bajo investigación judicial, en el instante posterior a los disparos se generó una fuerte reacción de vecinos y comerciantes, que rodearon y golpearon a uno de los cómplices del ladrón abatido. No se trata de eventos inesperados. Tal como reveló LA NACION en julio, los vecinos de distintas zonas de este partido bonaerense se habían autoconvocado para frenar una ola de robos. Incluso, colocaron pasacalles con amenazas de muerte para los ladrones. Fueron avisos de que no se esperaría la acción judicial.
Un suceso con esas características se registró en junio pasado luego del asesinato en Merlo del colectivero Federico Rivero. Un numeroso grupo de personas buscó venganza por ese homicidio, quemó la casa de uno de los sospechosos y arrojó a las llamas a un familiar de ese supuesto criminal. El hombre sufrió graves quemaduras.
El pasado lunes, en la localidad bonaerense de Manuel Alberdi, en Pilar, enfurecidos vecinos golpearon a un ladrón de 25 años.
Otros casos similares ocurrieron en el conurbano en los últimos meses. El 22 de agosto un hombre persiguió a dos motochorros en Bernal y logró embestirlos con el automóvil. Los vecinos se concentraron de inmediato alrededor de los delincuentes para golpearlos. Pocos días antes, un ladrón había sido capturado por comerciantes en Berazategui. En los videos viralizados de ese hecho -pudo escucharse la suplica del delincuente golpeado: “Por favor, tengo dos hijos”.
“Lo que ocurrió con el linchamiento de alguien que se presuponía que era asesino, es la ruptura de un pacto social. Parte del modo de organización social significa renunciar a una violencia individual, para dejar que lo administre un tercero, que representa a las instituciones, a la ley, a la justicia, a la fuerza pública, en una instancia que está más allá de cada uno”, señaló el psicoanalista Jorge Catelli, profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Comentó así el caso ocurrido en Tucumán, pero su explicación alcanza a episodios que se producen en todo el país.
Por ejemplo, en agosto pasado en la localidad santafesina de San Lorenzo, un arrebatador de 21 años murió en una comisaría luego de ser golpeado por vecinos. Pocos días después, un presunto ladrón fue asesinado a golpes por vecinos en Rosario. En esa ciudad aún está impune el asesinato de un motochorro a manos de vecinos en 2014, situación que motivó, incluso, una reacción del papa Francisco.
“Cuando se toma justicia por mano propia -agregó Castelli- se duplica la brutalidad, la estigmatización y el ataque que está fundado en la venganza y no en la organización social a partir de una ley que es la que permite un juicio y, eventualmente, una condena. Al linchamiento a golpes y machetazos se sumó un fenómeno de masa en el que la patota dispuesta a atacar pierde cualquier consideración que individualmente, a lo mejor, esas personas tendrían para reaccionar. Y actúan curiosamente del mismo modo asesino, de modo indiferenciado entre sí, desmintiendo que existe una ley. Esto es un fracaso de todo pacto social que genera un estado de locura de masa.”