La otra condena de los que cumplen sentencia
Gustavo Aranda sufría dolores abdominales tan terribles que incluso intentó tirarse desde el balcón del pabellón. Días después fue encontrado muerto en su celda. David Dubra padecía un profundo cuadro depresivo. Pasó varios días haciendo una huelga de hambre. Al tiempo, apareció ahorcado con una sábana. A Patricio Barros Cisneros lo mataron a golpes los guardias del penal. Dijeron que se había suicidado reventándose la cabeza contra las rejas.
No son casos aislados. Un relevamiento de LA NACION a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) demostró que en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que según el último informe de la CPM alojan a 34.156 presos, hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30% fueron violentas.
En el mismo período, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde hay unos 10.000 reclusos, murieron 272, el 46,3% en forma violenta.
Este año la Procuración ya registró 25 muertes de internos en el SPF, 11 de ellas, violentas.
Son consideradas muertes violentas, según explica la PPN, a «aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o la causa que la ha provocado resulta dudosa de determinar, pero siempre traumática».
En cambio se clasifica como muertes no violentas a las que se producen «por enfermedad, son súbitas o cuya causa aún resulta dudoso determinar, pero siempre no traumática».
Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad N° 6 del SPF, que está en Rawson, Chubut. Esta última es la que tiene la proporción de muertes violentas más alta en el período (12 sobre 15).
«Hoy, recibir una condena en la Argentina representa una doble penalidad: la sanción en sí misma, medida en días, meses y años de privación de la libertad, y tratar de sortear la estadía en prisión sin que vayan la vida o la salud en ese intento», sostiene el juez Mario Juliano, director de la Asociación Pensamiento Penal. «Una temporada «tras las rejas» implica no recibir alimentación adecuada, atención de la salud, estar sometido a sobrepoblación y al consecuente hacinamiento, y afrontar violencia del resto de la población y, como si eso fuera poco, de la propia institución carcelaria», añade Juliano.
«Al no haber ningún otro registro oficial público, nosotros decidimos llevar a cabo nuestro propio relevamiento», explica a LA NACION Francisco Mugnolo, Procurador Penitenciario. «Muchas muertes se informan como ‘paros cardiorrespiratorios’, pero nosotros no podemos conformarnos con ese dato. Tenemos que investigar cómo sucedió ese deceso, en qué circunstancias, y si hubo o no responsabilidad por parte del personal penitenciario», señala Mugnolo.
En el caso de Aranda, cuya muerte ocurrió el 17 de junio del año pasado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) determinó que ante sus dolores abdominales sólo le habían suministrado un calmante, pero no le hicieron ningún estudio. Su muerte es motivo de una investigación judicial.
Por el fallecimiento de Dubra, que sucedió el 25 de enero de 2012 en la Unidad N° 6 de Rawson, el juez federal Hugo Sastre procesó a 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal por el delito de «abandono de persona agravado por el resultado de muerte». El magistrado consideró que, días antes de fallecer, el detenido «se encontraba en un especial estado de vulnerabilidad» y que «dicha circunstancia era perfectamente conocida por sus compañeros de alojamiento y, fundamentalmente, por las autoridades penitenciarias encargadas de su vigilancia y cuidado».
«Desde ya, no es posible pensar ninguna muerte en contexto de encierro sin una responsabilidad del Estado, porque es quien ha decidido, por un acto político, privar de la libertad a una persona», sostiene Ramiro Gual, coordinador del equipo de Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión de la Procuración.
LAS CAUSAS DE MUERTE
Si bien a partir del relevamiento de datos realizado por LA NACION se detectó que, en las cárceles federales, en el 35% de los casos se desconoce la causa exacta de muerte, también se pudo establecer que, dentro de los decesos informados, la primera causa de mortalidad son las enfermedades (el 62% de las muertes informadas).
«La elevada cifra de muertes por enfermedad evidencia la regularidad en las fallas estructurales en la asistencia médica», sostiene un informe de la Procuración. Sobre este punto se destacan como principales falencias «la falta de atención por profesionales de la salud, cuando un detenido solicita audiencia; la poca profundidad con que son estudiados los cuadros [médicos]; la falta de información posterior sobre el resultado de sus exámenes, diagnósticos y tratamientos futuros». La Procuración sostiene que, en muchos casos, «los tratamientos y dietas que prescriben los mismos médicos penitenciarios son regularmente incumplidos dentro de los establecimientos».
Las otras causas de muerte más citadas en los reportes son los homicidios, peleas o heridas (20%). En tanto, entre 2009 y 2014 hubo al menos 96 suicidios (15% de las muertes totales) en las cárceles federales.
Fuente: La Nación