Los profesionales realizaron una huelga de 24 horas; la Ciudad dijo que aumentará la custodia y hará más seguras las guardias
«Nos increpan los pacientes cuando esperan su turno para ser atendidos. Nos insultan los familiares de los enfermos porque quieren una solución inmediata. Cualquiera entra y roba nuestras pertenencias cuando estamos de recorrida por las instalaciones y las de los internados en las habitaciones.» La queja es de una médica de guardia de un hospital público porteño, que prefirió no ser identificada por temor a represalias, pero podría ser la de cualquiera de sus colegas. Se sienten inseguros, desprotegidos.
Ayer, los profesionales concretaran un paro total -sólo atendieron los servicios de urgencia y guardia- en los 34 centros de salud estatal para reclamar que la Policía Federal custodie los pasillos de los nosocomios para contrarrestar los hechos diarios de violencia. Como consecuencia de la medida, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y de la Jefatura de Gabinete local acordaron, junto con los representantes de los médicos, «incrementar la presencia policial». Además, el próximo martes se incorporará el Ministerio de Salud a las reuniones para realizar reformas en las guardias y hacerlas más seguras, informó el presidente de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), Jorge Gilardi.
Los problemas comenzaron en 2011, cuando la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, decidió retirar a los efectivos de la Policía Federal de los hospitales porteños, entre otros establecimientos públicos del distrito.
Los ataques por los que a menudo atraviesan médicos y enfermeros tuvieron su punto álgido el pasado sábado cuando un hombre atacó con un caño a los profesionales que estaban en la guardia del hospital Fernández, en el barrio de Palermo, lastimó a un par de ellos y rompió algunas ambulancias. «Vivimos y trabajamos así, desprotegidos. Somos totalmente vulnerables. Y esto viene pasando todos los días en las guardias», relató entonces Jimena Roca, la médica que sufrió cortes y traumatismos por la agresión. LA NACION quiso hablar ayer con ella para saber cómo se recuperaba, pero atraviesa un estado de estrés postraumático.
A raíz de este suceso, la AMM, que agrupa unos 13.000 afiliados, convocó la medida de fuerza de ayer para reclamar mayor seguridad. El único movimiento que se observó en los hospitales fue en las salas de guardia. Los consultorios externos y de estudios permanecieron en un irreconocible silencio.
Límite
«Lo que ocurrió en el Fernández marcó un límite. Ya aplicamos los protocolos de seguridad correspondientes, hay botones de pánico conectados a las comisarías y cámaras, pero nada es suficiente», dijo a LA NACION Alicia Fiorini, secretaria gremial de la AMM. Y reflexionó: «Estamos para curar y no para esperar a que nos maten».
Los médicos, enfermeros y auxiliares consultados por este diario coincidieron en que desde que la Federal dejó de prestar servicios adicionales en los hospitales la seguridad allí «se volvió casi nula». En ciertos nosocomios, como el Piñero, por ejemplo, se quejan de que la gente se moviliza con facilidad por los pasillos, sin control de quiénes ingresan. Es uno de los hospitales más problemáticos por la cercanía de la villa 1-11-14, la más grande la ciudad y copada por el narcotráfico.
Una semana atrás, personal no médico afiliado a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un paro con una denuncia similar. Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE, dijo a LA NACION que todos los días se producen robos dentro del hospital Rivadavia, sobre todo en el área donde hay pacientes internados. También indicó que los hechos de violencia de los que son víctimas ocurren «casi a diario» y se volvieron algo natural. «Días atrás, un enfermero fue asaltado a punta de pistola en la sala 14 del Rivadavia», contó el gremialista.
Cada semana se registran ante la Justicia 16 denuncias de ataques contra profesionales de la medicina en hospitales del área metropolitana, según un relevamiento de la organización Defendamos Buenos Aires. «De junio de 2015 a junio de 2016 contabilizamos 372 casos en la Capital, con un aumento de poco más del 20% respecto del período anterior», dijo su titular, el abogado Javier Miglino.
La mayor parte de las agresiones involucra a familiares de detenidos y presuntos delincuentes que llegan heridos de bala, golpeados y/o con lesiones graves que comprometen su vida, por lo que se generan altercados con médicos y enfermeros.
El 6 de julio pasado, la AMM presentó un proyecto de ley de reforma del Código Penal con el objetivo de que los ataques contra equipos de salud sean considerados un agravante del delito de lesiones.
Fuente: La Nación