Los casos de tres víctimas de asaltos que mataron a los delincuentes, y la polémica que desataron, reavivan el drama del auge delictivo
Tres casos en pocos días reavivaron el drama de la inseguridad y mostraron una de sus peores consecuencias, la de la llamada justicia por mano propia, aunque el término no es el más adecuado en esta oportunidad. Se trata de tres víctimas de asaltos en la provincia de Buenos Aires que terminaron matando a sus víctimarios y se convirtieron en imputados de homicidio.
Lo paradójico fue que en, cuestión de segundos, pasaron de la condición de víctimas a la de victimarios, mientras sus asaltantes recorrían el camino inverso. Esto generó un fuerte debate en la sociedad y en uno de los casos -el del carnicero de Zárate que atropelló y mató con su automóvil a uno de sus asaltantes-, fue motivo de manifestaciones de los vecinos que reclamaban su libertad. El propio presidente Mauricio Macri pareció unirse a ese reclamo, al afirmar que «más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia».
El debate suscitado por el caso del carnicero y, poco antes, por el de un médico y un remisero que protagonizaron idénticas situaciones, enfrentó a quienes consideran que los tres hombres obraron bien, con aquellos que, del lado de la ley, sostienen que sólo la Justicia debe castigar y que la violencia engendra más violencia, al margen de determinar si en alguno de los casos pudo haber mediado la legítima defensa.
A menos que como sociedad queramos emprender el camino sin retorno de la ley de la selva, no cabe otra postura diferente a la que defendió el ministro de Justicia, Germán Garavano: «Definitivamente, la justicia por mano propia no es el camino. Esta vez murió el delincuente, pero muchas veces muere la víctima».
De todos modos, es preciso considerar otros matices. Según la información disponible, los tres hombres no decidieron fríamente ejercer la justicia por mano propia. En más de un caso, según sus relatos, podría hablarse de una emoción violenta que les impidió razonar. Además, se arrepintieron.
En cuanto a la reacción de una parte de la sociedad que aprueba lo que hicieron, se trata del más fiel termómetro para medir el altísimo grado de impotencia con que muchos viven el drama de la inseguridad y la poca confianza que les inspiran, con mucha razón, las fuerzas de seguridad y la Justicia, con causas eternas y un bajísimo índice de condenas. A estas señales deberían prestar mucha atención las autoridades junto con los jueces y las fuerzas policiales.
Veamos algunos datos preocupantes. Hace pocos días, el total de muertos en el transcurso de asaltos en la provincia de Buenos Aires llegó a los 114 en lo que va de 2016. Equivale a un asesinato cada 54 horas. Ocho de cada 10 tuvieron por escenario el conurbano. En la misma provincia, prácticamente la mitad de los presos -el 42,65%- reincide y regresa a una prisión bonaerense. Mientras tanto, en el área metropolitana, que abarca la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, una persona es secuestrada cada 36 horas.
También importan las bajas policiales. Un suboficial de la Policía Bonaerense fue muerto de un disparo en la espalda en La Matanza el viernes pasado, día en que otro agente perdió la vida en el mismo partido. Ya son 21 los efectivos de las tres principales fuerzas de seguridad que mueren en lo que va del año en la Capital y la provincia, 18 de ellos en el conurbano. Ocho revistaban en la Bonaerense, 11 en la Federal y 2 en la Metropolitana.
Expuestos con crudeza, son datos que parecen reflejar un incremento de la inseguridad. Sin embargo, la cantidad de muertos durante los asaltos es similar a la del año pasado en el mismo período. De todos modos, el hecho de que se mantengan los números no puede ser tomado como un avance.
El intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, afirmó que el episodio protagonizado por el carnicero no habría ocurrido de haber existido una mayor presencia policial en la calle y denunció falta de apoyo del gobierno nacional pues, según sostuvo, el Ministerio de Seguridad de la Nación retiró los efectivos de la Gendarmería y luego los de la Prefectura. «De los 340 efectivos con los que contábamos, perdimos a 150. Casi el 50 por ciento», especificó.
Se ha dicho que la gran olvidada en el drama que nos ocupa es la víctima. En este sentido, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, impulsa dos proyectos de ley para introducir reformas en el Código Procesal Penal de esa provincia para extender los derechos de las víctimas durante los procesos penales. Se trata de brindarle más voz y mayor protección. Es un dato importante después de tantos años de un garantismo malentendido, arbitrario e ideologizado, que tanto mal le ha hecho al país.
Pero para que haya menos víctimas, es esencial una mayor presencia policial en las calles, pues constituye el principal factor de disuasión. También es preciso una lucha frontal contra los efectivos que liberan zonas en beneficio de los delincuentes. En materia de prevención, los jueces deben mostrar más aplicación en el momento de decidir las libertades, y los legisladores deben adecuar las leyes a la realidad si no quieren que la justicia por mano propia reemplace a la justicia de los tribunales.
Fuente: La Nación

