Diputados del oficialismo y la oposición emitieron dictamen favorable a un proyecto que autoriza a sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad que realicen paros o que abandonen sus tareas sin la respectiva autorización.
La decisión fue adoptada en el marco de una reunión de la comisión de Legislación Penal, que conduce patricia Bullrich, en cuyo transcurso los diputados señalaron que esta iniciativa «es una clara señal política» a aquellos policías que el año pasado dejaron de brindar seguridad a la población.
La iniciativa reforma el Código Penal y establece multas y penas de prisión a los policías que realicen medidas de fuerza como lo hicieron a fines del año pasado cuando dejaron de cumplir su obligación de cuidar la seguridad de la población.
Bullrich, la vicepresidenta de la comisión Diana Conti, el diputado Héctor Recalde y el diputadoPablo Javkin, coincidieron en la necesidad de «dar una clara señal» para evitar sucesos como los del año pasado, aunque este último planteó algunas disidencias.
Paralelamente, Recalde informó que están trabajando en la elaboración de un sistema para «establecer mecanismos que implementen un canal de diálogo entre el poder civil y las fuerzas de seguridad» sobre temas puntuales referidos a cuestiones salariales y demandas laborales.
En ese sentido, la iniciativa determina que «será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público».
En el proyecto se fijan penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que «abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado».
Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
En caso que por esas acciones hubieran daños a bienes de la fuerza o de terceros, lesionados o muertes de miembros de la fuerzas de seguridad o de otras personas «se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos».
fuente: Infonews