Juntaban plata con venta de turnos, documentos truchos y sobreprecios. Luego repartían a los jefes.
Apremiado porque temía el final del “negocio”, el ahora detenido comisario mayor Alberto “Máquina” Miranda (55) intentó acelerar la recaudación ilegal en las Plantas Verificadoras de la Policía Bonaerense y las desprolijidades terminaron por derrumbar la maniobra. Es que hace un mes comenzó el proceso que determinará el traspaso de esa dependencia al ámbito civil. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, firmó una resolución que quita a los oficiales el manejo de las certificaciones de automotores en la provincia y analiza la designación de un funcionario para el cargo.
“Hubo demasiada improvisación y quedaron muchos cabos sueltos”, es la hipótesis que evaluaban anoche en Asuntos Internos, el organismo que investigó una denuncia anónima y que terminó con el allanamiento de la dirección de Prevención Contra el Delito Automotor, ubicada en Lima 440 de Villa Tesei, ordenado por el fiscal Marcelo Papavero, de la UFI N° 4 de San Martín. Allí secuestraron $ 189.000 que –se supone– el comisario Miranda había escondido en varios escritorios. Los habían acercado siete oficiales que fueron citados como testigos en el expediente que instruye Papavero.
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El fiscal además pidió el listado de los 20 responsables de los talleres más grandes de la provincia. Ahora, la lupa de los auditores internos está puesta sobre esos comisarios y subcomisarios que los dirigían. Esas oficinas se encargan de realizar las revisiones de vehículos. El trámite se reclama para transferir un auto y permite constatar que no presenta adulteraciones en su documentación, número de motor o carrocería y que no tenga algún otro impedimento legal o técnico para ser traspasado a otro titular.
Otra parte del dinero secuestrado al jefe de las Plantas Verificadoras de Automotores de la Policía Bonaerense.
Desde hace tiempo, existen sospechas sobre irregularidades en esas reparticiones que reciben hasta 2.000 coches por semana, según la ubicación de la planta. La presentación de un testigo ahora protegido corresponde a la de Pilar. Cobro de sobreprecios o duplicación del “formulario 12” (el más requerido); venta de documentos apócrifos o “coimas” para dejar pasar autos que no tienen todo en regla, serían las vías para obtener dinero negro en las Plantas Verificadoras. La planilla cuesta $ 120, pero los policías corruptos las vendían al doble o más. También declaraban menos trámites de los que se hacían. Y se detectaron casos de “venta de turnos”.
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Ritondo arriesgó que “cada planta recaudaba casi $ 20.000”. Parte de ese dinero se remitía a la jerarquía. Allí lo recibía Miranda, según la sospecha de la Justicia y de Asuntos Internos. Se sospecha, además, que la entrega del miércoles –que terminó incautada por la Justicia– era solo una parte de la recaudación mensual. “Tal vez los talleres más alejados entregaban la plata otros días del mes”.
Ahora las autoridades tienen planeado establecer una dirección provincial, dependiente del ministro, encargada de esta gestión. El programa de traspaso incluye la incorporación de un sistema para pagar online los timbrados y sellados.
Fuente: Clarín