El Ejecutivo invirtió 5 millones de pesos en la licitación de 30 pulseras y las puso a disposición de la Justicia. Pero hay opinión dividida entre los jueces que deben decidir a quién ponerlas.
El uso de las pulseras electrónicas como una herramienta más para controlar a las personas en conflictos legales, tiene opinión dividida entre los jueces sanjuaninos que deben decidir si ordenarán o no su aplicación.
Así quedó al descubierto en un relevamiento periodístico que realizó Tiempo de San Juan entre los magistrados involucrados en forma directa. Fueron consultados tres de los cinco jueces de instrucción y, principalmente, la jueza de Ejecución Penal.
Legalmente, la pulsera electrónica es de uso obligatorio para los agresores sexuales. Así se determinó en la ley 26.183 (modifica la Ley de Ejecución Penal) aprobada el 16 de enero de 2013. Por lo tanto, todos los condenados por delitos sexuales a partir de esa fecha deberán usarla cuando empiecen a tener el derecho legal a salidas de la cárcel.
“Recién en enero de 2016 tendríamos el primer condenado en condiciones de usarla. Hasta este momento, sólo son 9 las personas con condenas por agresiones sexuales posteriores a la ley sancionada en el 2013 que obligatoriamente tendrán que usar las pulseras cuando llegue el momento legal de que tengan beneficios excarcelatorios”, explicó Margarita Camus, jueza de Ejecución Penal.
La pulsera electrónica también está destinada a las personas con condenas firmes que empiezan a tener salidas temporales de la cárcel, régimen conocido como Salidas Transitorias o Libertad Condicional. Pero eso no ocurriría en San Juan.
“Yo, como jueza, en el caso de internos con Salidas Transitorias no voy a usar la pulsera electrónica porque desvirtúa lo que prevé la ley”, afirmó la jueza Camus.
Así, la magistrada entiende que un condenado en condiciones legales de tener salidas temporales de la cárcel, tras haber cumplido una determinada cantidad de tiempo en prisión y haber superado los controles psicológicos y disciplinarios, su voluntad de reinsertarse socialmente no estaría siendo evaluada correctamente si carga con un dispositivo electrónico que lo está vigilando.
Respecto de los condenados con prisión domiciliaria, a quienes se les podría poner una pulsera electrónica para asegurarse que no salga de perímetro de su domicilio, la jueza Camus también tomó distancia: “Todos los casos que hay actualmente en esa situación, son personas de más de 70 años que están muy enfermas, por lo que el uso de la pulsera no se justifica. Luego, en el caso de madres con niños menores a 5 años, en este momento no hay ninguna condenada con ese beneficio”.
Respecto del uso de los condenados reincidentes (el que sale con permisos legales de la cárcel, vuelve a delinquir y vuelve a obtener el beneficio de salir transitoriamente), la jueza Camus dijo que “en este momento no son más de cinco casos de ese tipo. Por lo que no veo el beneficio de pagar por el uso de 30 pulseras”.
Por el contrario, el juez Maximiliano Blejman, del Cuarto Juzgado de Instrucción, dice que es precisamente en casos puntuales de reincidentes donde el uso de la pulsera electrónica podría usarse: “Hay muchos casos de personas que tienen decenas de antecedentes por hechos delictivos en los que no se los condenó y se los tiene que excarcelar porque legalmente les corresponde. Creo que hay casos donde el uso de la pulsera sería una ayuda al control y a la prevención en materia de seguridad que hace el Estado”.
El juez Blejman se mostró decididamente a favor del uso de la pulsera electrónica como una herramienta de control, pero para casos puntuales de excarcelaciones o prisiones domiciliarias.
Los jueces de instrucción son quienes también deberán decidir sobre el uso de las pulseras electrónicas porque los delitos que ellos investigan son los más graves y las penas son privativas de la libertad.
Por lo tanto, si permiten la prisión domiciliaria a un sospechoso, o deciden excarcelarlo mientras termina la investigación, los jueces de instrucción pueden disponer de las pulseras electrónicas.
Pero no todos tienen un mismo criterio.
Por ejemplo, el juez Benedicto Correa (Quinto de Instrucción), tomó distancia al sostener que ordenaría su uso en casos muy excepcionales, como en detenidos con prisión domiciliaria en lugares de grandes extensiones geográficas y con escasa infraestructura policial.
Mientras que el juez Benito Ortiz (Primero de Instrucción), también se mostró reticente al uso de la pulsera electrónica, ya que dio a entender que es el Patronato de Presos y Excarcelados quien debe vigilar a los detenidos con prisión domiciliaria, dejando en claro que hay un sistema existente como para tener que usar el dispositivo electrónico.
Tanto Ortiz como Correa coincidieron en opinar que casi no conocen a ciencia cierta cómo es el funcionamiento de las pulseras electrónicas, ya que nadie se los informó oficialmente.
La semana pasada el gobernador de José Luis Gioja firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial y puso a disposición de los jueces 30 pulseras electrónicas, una herramienta tecnológica que permite la supervisión, el monitoreo y el rastrillaje de la persona que la lleva puesta.
El monitoreo de esas pulseras tiene dos puntos de control: uno se ubicará en San Juan (aún no se sabe si lo hará la Policía o el Poder Judicial) y el otro en Buenos Aires.
Textuales
“En internos con Salidas Transitorias no voy a usar las pulseras porque desvirtúa lo que prevé la ley. Estoy obligada por ley a que la usen los agresores sexuales, pero recién en enero de 2016 podríamos tener un caso”.
Margarita Camus, jueza de Ejecución.
“Hay jurisdicciones muy grandes para una comisaría. En esos casos, y en detenidos con prisión domiciliaria, ayudaría. Creería que el Código no especifica el uso de pulseras en las excarcelaciones”.
Benedicto Correa, Quinto de Instrucción.
“Creo que la pulsera tiene un fin preventivo de otros delitos. No podría aventurar la utilidad o no de ese instrumento, porque para vigilar la libertad de los detenidos con domiciliaria se encarga el Patronato”.
Benito Correa, Primer Juzgado de Instrucción.
“Yo no tendría inconveniente. El Código permite que el juez fije las condiciones de una excarcelación y ahí se podría ordenar su uso. Para casos puntuales, la pulsera es un avance del Estado en el control de los presos”.
Maximiliano Blejman, Cuarto Juzgado de Instrucción.
Dato
Además de las pulseras, el Ejecutivo puso a disposición de la Justicia chalecos de seguridad para los veedores judiciales, quienes acompañan a los policías a realizar procedimientos.
LA CIFRA
5 Son los millones de pesos que el Ejecutivo afrontará por el servicio de las 30 pulseras electrónicas para presos en un lapso de 24 meses.
Fuente: http://www.tiempodesanjuan.com/