Las redes que buscan captar a embarazadas de sectores vulnerados usan, muchas veces, medios como Facebook o grupos de WhatsApp; los especialistas reclaman tipificar la compraventa de niñas y niños en el Código Penal, así como aumentar las políticas de prevención
Vamos a llamarla Ana. Vive en Quilmes y el año pasado llegó a una maternidad de Vicente López para parir. Estaba acompañada por una mujer, que decía ser su pareja, y un hombre, quien aseguró ser el donante de esperma. Ana sufría y sufre de adicción a las drogas y, ni bien nació, el bebé fue trasladado a neonatología por complicaciones en su salud. En esos días de internación, la mujer y el hombre que acompañaban a la madre llamaron la atención de la trabajadora social del lugar, que empezó a indagar acerca de su relación. Finalmente, Ana (que entonces tenía 27 años) se quebró y contó que las personas que la acompañaban eran quienes “se iban a quedar con el bebé”: la habían contactado por Facebook, habían pagado sus controles médicos durante el embarazo y tenían previsto llevarse al recién nacido ni bien le dieran el alta. Así se logró destapar un intento de apropiación del niño que se venía planificando desde hacía meses.
“La trabajadora social del hospital fue muy perspicaz y detectó inmediatamente que había algo raro, pero a veces eso no sucede”, explica Gabriela Mandile, abogada y directora de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un área que depende de la Secretaría de Niñez y Desarrollo Social de Quilmes, que intervino por ser la localidad en la que vive Ana. En los dos años que lleva en el cargo, la funcionaria tomó acciones en dos casos similares. “Existe redes ilegales que se aprovechan de la situación de gran vulnerabilidad de estas mujeres, y son delitos que, muchas veces, resultan difíciles de probar”, subraya.
Los especialistas en derecho e infancias aseguran que, lejos de desaparecer, en los últimos años y por distintos motivos −que van desde la visibilidad que alcanzaron algunos casos en la prensa, hasta la reforma del Código Civil, que prohibió las llamadas “entregas directas”, en las que muchas veces había dinero de por medio− , el delito de compraventa o apropiación de bebés se fue reinventando. Siempre hay un denominador común: las embarazadas pertenecen a sectores socioeconómicos vulnerados y son captadas por redes que adquirieron nuevas modalidades. Por ejemplo, mientras que antes la detección de las mujeres se daba dentro de barrios populares por personas del lugar (“buscapanzas”, como se las conoce en Misiones) que hacían de intermediarias con los potenciales interesados, actualmente hay casos donde se sirven de grupos de Facebook o WhatsApp, como pasó con Ana.
En las redes sociales, se presentan como espacios que buscan contactar a “mamás de panza” con “mamás de corazón” (dos términos que se repiten constantemente), ofreciendo la posibilidad de “adoptar” a bebés “sin burocracia”. Algunos dicen en su información que son “sin fines de lucro”, simplemente con “un fin solidario”, como si se tratase de algo legal.
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Aunque, de vez en cuando, un caso llega a los medios, historias como las de Ana suelen quedar en las sombras. Por la naturaleza misma del delito, las cifras son escasas e insuficientes para dar cuenta de la problemática. Por ejemplo, el año pasado, en la línea 145, de asistencia y denuncias por trata de personas, de 1671 llamados que se recibieron, 14 fueron registrados como “ventas de bebés o niños”, mientras que en 2020 hubo apenas cinco (entre un total de 1346). Sin embargo, se sabe que es un delito de vieja data. De hecho, en la Argentina existen decenas de grupos de personas que buscan conocer su identidad de origen: muchas fueron apropiadas en sus primeros meses de vida.
Una de esas agrupaciones es Nuestra Primera Página. Alejandra Gurovici, que tiene 63 años y es su presidenta, asegura: “La venta de bebés es una industria sin chimenea. Es un comercio llano donde, por un lado, están los desesperados por tener un hijo y, por el otro, mujeres en situación de mucha vulnerabilidad. A veces son engañadas: por ejemplo, les dicen que el bebé nació muerto y ya lo tienen vendido de antemano”, sostiene. Y agrega: “Me arriesgaría a decir que por cada una adopción legal deben de haber diez apropiaciones. Es un número que estimo razonable, siendo prudente. Se hace con la connivencia de muchas personas y hay una gran cantidad de dinero de por medio”.
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Los referentes lo describen como un delito camaleónico. Aralma, una asociación civil que desde hace casi dos décadas trabaja para erradicar las violencias contra las niñas, niños y adolescentes, realizó una investigación sobre la apropiación de bebés y está trabajando en un documental al respecto. Sonia Almada, psicoanalista y fundadora, explica que su forma más “sofisticada” incluye la intervención de agentes del Estado: desde integrantes del sistema de salud hasta miembros de la Justicia. Durante la investigación, supo de casos en provincias como Chaco, Formosa, Misiones, Tucumán y Santiago del Estero. “La gente no se anima a denunciar: es algo sumamente clandestino. Las madres son siempre mujeres en situación de pobreza, muchas adolescentes”, dice Almada.
Lo que todavía subyace, para la especialista, es el viejo paradigma de que las chicas y los chicos no son sujetos de derecho, sino “propiedad” de sus padres y madres, así como también una idea completamente equivocada de lo que significa la adopción, que nada tiene que ver con estas prácticas ilegales. En esa línea, Alejandro Inchaurregui, prestigioso antropólogo forense y director del Registro de Personas Desaparecidas de la provincia de Buenos Aires, describe: “Si es ilegal, no es adopción: es una apropiación. Las adopciones son un instituto jurídico muy bueno para que un niño o niña que carece de una familia, la tenga. No hay un derecho a ser padres, el derecho que existe es el de los chicos a tener una familia”.
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Desde 2000 hasta diciembre de 2021, en el registro a su cargo se recibieron 3800 denuncias de personas que buscaban conocer su identidad biológica (el 85% correspondía a apropiaciones) y se pudieron esclarecer 1058 casos correspondientes, en tercios iguales, a adopciones, apropiaciones y reencuentros de familiares que hacía años habían perdido el contacto. Si bien hoy existe una mayor conciencia y condena social sobre el delito de apropiación, para Inchaurregui, quien dedicó gran parte de su vida a investigarlo, todavía falta: “Muchas veces se sigue pensando que es ‘lo mejor para ese chico, para que no quede en la pobreza’”. Conoció muchos casos, incluyendo el de Silvia More, una mujer a quien le arrebataron a su hijo estando detenida (en la apropiación intervinieron integrantes de la Justicia y del Sistema Penitenciario Bonaerense), y cuya historia se cuenta en el documental Mujeres Invisibles.
“Tienes una solicitud de amistad”
“Este grupo está destinado a ayudar a la comunidad de mamás panza y mamás de corazón, todo totalmente legal”, se lee en la descripción de uno privado en Facebook. Tiene 2.263 integrantes. Para evaluar a quien desee sumarse, los administradores hacen dos preguntas: “¿de dónde eres?”, “¿da en adopción o busca adoptar?”.
Desde Aralma siguieron varios grupos a través de su equipo de investigadoras ad honorem (muchas de las capturas que ilustran esta nota fueron proporcionadas por la asociación civil). Una de ellas es la psicóloga Tatiana Feldstein, quien usó su propio perfil de Facebook para sumarse a distintos grupos (en general, piden tener al menos un año de antigüedad en esa red social). Lo que encontró, la dejó sin palabras: “Era como si la gente estuviese buscando un producto en un supermercado. La mayoría pedía bebés recién nacidos, blancos y sin hermanos, y se describían como personas con mucho amor para dar y bien posicionadas económicamente, que estaban dispuestas a pagar cualquier cosa porque, decían, la burocracia para adoptar era enorme”, describe.
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La dinámica que observaba Tatiana era siempre la misma. Alguien manifestaba el interés en un bebé y otra persona le decía “te escribo por privado”. Muchos grupos eran públicos, pero en el último tiempo, según cuenta, suelen ser privados y “pasaron a poner reglas para sumarse, como brindar tu documento”. Algunos tienen links que llevan directo a WhatsApp, donde cambian de nombre y administrador de forma constante. Allí pueden encontrarse fotos de los bebés supuestamente “disponibles”. “Había gente que se hacía pasar por ‘madres panza’, que pedía transferencias por adelantado y después desaparecía: los montos eran siempre en dólares, algunas pedían desde 4.000 para arriba, dependiendo las características de los bebés. Las personas las iban reportando luego como estafadoras, decían que se aprovechaban de la desesperación de la gente. Sin embargo, no había conciencia de que ellos también buscaban cometer un delito”, agrega Feldstein.
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Volviendo a Ana, fue a partir de su caso que desde la Secretaría de Niñez de Quilmes empezaron a indagar en el rol de estos grupos de Facebook. Mandile cuenta que a esa madre le habían dado todo “un instructivo” para el día que fuese a parir: desde ir “bien vestida” hasta que no llevase documentos. Según se reconstruyó por el relato de Ana, quienes pensaban apropiarse del bebé pagaban sus ecografías en un consultorio privado de Avellaneda y, como ella vivía en Quilmes, le mandaban remises para trasladarse a los chequeos.
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Ana no quiso hacer una denuncia: explicó que tenía miedo y había tomado la decisión porque, por su adicción y situación socioeconómica, sintió que no tenía otra alternativa. Cuando se inició la investigación, la pareja que la acompañaba desapareció del hospital y actualmente no hay detenidos. “Sería muy importante tipificar este delito para que no se licúe”, enfatiza Mandile.
Vacío legal
En la Argentina, el delito de compraventa de bebés, niñas y niños (y su intermediación) no se encuentra tipificado como tal en el Código Penal, lo que la Corte Interamericana de Justicia le viene reclamando al país desde hace más de una década (después de un caso emblemático de 2012, “Fornerón e Hija vs. Argentina”). Los especialistas consideran que es una de las grandes cuentas pendientes. Pero el organismo internacional exigió no sólo la incorporación de esa figura a nuestra legislación, sino también la investigación de la problemática y la toma inmediata de medidas para abordarla. Actualmente, cuando se descubre un caso, la Justicia recurre a figuras como la de supresión de identidad o falsificación de documentos.
Acerca de las medidas que se están tomando para dar cumplimiento al fallo de la Corte, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respondieron a LA NACION que siguen “trabajando en mesas interinstitucionales para avanzar en ese sentido”. Sobre este punto, Gustavo Moreno, especialista en Derecho de Familia y asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, opina: “El incumplimiento del Estado Argentino con relación a la tipificación del delito de compraventa de niñas y niños es preocupante y vergonzoso”. Para el abogado, “indudablemente existe una ‘mercantilización’ de niñas y niños de corta edad, lo que implica que ‘tienen precio’”.
Moreno subraya que la invisibilización del delito sólo beneficia a las redes delictivas. “El Poder Judicial en casi todo el país no lleva muchas estadísticas y menos sobre este tema. Creo que esta falta de interés es al menos sospechosa. No olvidemos que se han llegado a destituir jueces, por ejemplo en Misiones, por este delito”, agrega. Pero dice que con la tipificación en el Código Penal, no alcanza, y que es fundamental tomar un abanico de medidas preventivas: desde cómo se lleva el registro de las niñas y los niños al momento de nacer en las instituciones públicas y privadas, hasta la necesidad de controlar los partos domiciliarios y acompañar a embarazadas en situación de gran vulnerabilidad.
“Yo soy el padre”
Los especialistas coinciden en que la estrategia más utilizada para camuflar el delito, es que, si se trata de una pareja de apropiadores, el hombre se presente en el registro civil diciendo que es el padre biológico del bebé e inscribiéndolo con su apellido, un trámite muy sencillo para el cual no se requiere, por ejemplo, de una prueba de ADN. “Dicen que son hijos de una relación extramatrimonial, que su esposa lo perdonó y que quiere hacerse cargo del chico”, detalla Mandile. Luego, su esposa manifiesta la intención de hacer una adopción por integración del pequeño, diciendo que la madre biológica no desea o no puede ocuparse de su crianza.
Eso es exactamente lo que pasó en el otro caso que tuvieron en la Secretaría de Niñez de Quilmes. Se trató de una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, de Misiones, que había dado a luz a una beba en Avellaneda. La madre volvió a su provincia y la pequeña quedó con la pareja de apropiadores. Todo hubiese quedado en las sombras de no ser porque una persona hizo la denuncia en forma anónima. El caso se conoció cuando la niña ya tenía dos años y, tras varios intentos fallidos de revincular con la familia de origen, fue declarada en situación de adoptabilidad. “Había toda una red detrás, desde una pediatra que atendía en Avellaneda hasta una abogada de Lomas de Zamora. Los apropiadores fueron sobreseídos: es muy difícil comprobar estos delitos. El hombre aseguraba que había tenido una relación extramatrimonial y que la madre biológica le había dicho que era el padre, que él había actuado de buena fe”, explica Mandile.
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¿Cómo se actúa hoy ante la sospecha de un caso? Octavia Botalla, prosecrataria administrativa y coordinadora de la línea 145 dentro de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que la coadministra junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, describe: “Hay dos posibilidades, que nosotros intervengamos en la denuncia o que en los casos de emergencia se de una intervención directa de una fuerza de seguridad: por ejemplo, si alguien denuncia que hay un traslado o un viaje de una persona o pareja que tiene un niño sin documentación que podría estar vinculado a un hecho de venta, se da intervención a una fuerza federal para que tome medidas inmediatas”.
Quienes responden los llamados son profesionales, en general psicólogas o trabajadoras sociales. Luego, desde la Protex se inicia una investigación y se deriva adonde corresponda. Botalla explica que son pocas las denuncias que reciben de venta de niños o bebés, pero aumentaron en el último año. “Está el problema del vacío legal. Para que sea un delito de trata, según nuestra legislación, tiene que existir una finalidad de reducción a la servidumbre, prostitución, esclavitud u obtener material de explotación sexual. En general, en la venta de bebés es complicado pensar en un hecho de trata y en la denuncia nos quedamos en un hecho de supresión de identidad o falsificación de documentos”, cuenta Botalla.
Para todos los consultados en esta nota, llegar antes, prevenir, es lo fundamental. Maximiliano Benitez, es defensor general de Entre Ríos, una provincia que tuvo varios casos, incluyendo el más emblemático de todos, el de Fornerón. Explica que en los últimos años se tomaron diferentes medidas para hacerle frente a la problemática y considera que fue clave trabajar para mejorar el funcionamiento del registro de adoptantes y los juzgados de familia.
Por otro lado, se buscó ampliar la disponibilidad adoptiva de los postulantes a guarda, con el fin de que conozcan la realidad de las chicas y los chicos que hoy esperan en los hogares, que en general no son bebés. Sin embargo, dice que los casos de apropiaciones, aunque en menor medida, siguen ocurriendo: “Hay un agujero negro y de muchos casos no nos enteramos. Por eso es tan importante difundir y que quienes tienen conocimiento de alguno lo hagan saber a las autoridades aunque sea de forma anónima. Cuanto antes se prenda la luz mejor, porque será menor el daño que se haga a los niños”.
Más información:
Línea 145: Es gratuita, anónima y nacional, disponible las 24 horas, todos los días del año. En las fiscalías o comisarías de todo el país, también se puede denunciar.
Aralma: El 4 abril está asociación civil cumplirá 19 años trabajando contra las violencias hacia las niñas, niños y adolescentes. Están buscando financiación para poder seguir investigando sobre el delito de apropiación de chicas y chicos, y continuar produciendo su documental sobre esta problemática. Para más información escribir a aralma@aralma.org o contactarse por Facebook e Instagram: @somosaralma