Prestadores y clientela: sólo se trata de sobrevivir…
La inseguridad demanda cada vez más protección física y electrónica a corporaciones e individuos. Las empresas facturan más pero ganan menos: la inflación empuja a paritarias y costo de mano de obra. El traslado a precios es limitado y hoy los talonarios en negro son la gran competencia. Por Rubén Chorny
“Guachimán”, le dicen en Venezuela al típico hombre (“man”) cuya función es observar (“watch”). Se lo ve en las puertas de los edificios, la recepción de los condominios, garitas urbanas, espacios públicos, y todo lugar que requiera ponerle el ojo y alguien esté dispuesto a pagarlo.
En Argentina se los llama vigiladores y, tomando los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “Claves Información Competitiva” contabilizaba unos 150.230 en 2014, que representan un aumento de la plantilla del 11% con relación a la de 2010, que calcula en 135.339.
A la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), datos formales de la AFIP le dan un número menor, 142 mil aproximadamente, lo cual apunta a relativizar las conclusiones más optimistas de crecimiento asignadas a un sector que anida en las entrañas mismas de uno de los ítems que más preocupan a la sociedad: la inseguridad.
De todos modos, estamos hablando de un negocio que facturó más de 25 millones de pesos el año pasado, que lo lleva a ocupar el 0,06% del PBI.
El estudio realizado por Claves atribuye a la falta de acción en materia de seguridad pública y participación por parte del Estado el significativo crecimiento de las empresas del sector, que el año pasado se desaceleró.
Identifica como las principales a Prosegur, Securitas, G4S Argentina, Brinks y ADT, que representan 41,4% del mercado local de la seguridad industrial, vial, de empresas, bancos, countries, personas, etc.
Una sensación contradictoria invade al “guachimán” argentino: su temática, y por lo tanto la demanda al servicio que presta, figuran al tope de la agenda mediática, pero al mismo tiempo la situación económica los torna conflictivos. Lo que resiente de alguna forma las contrataciones, sea por reducción de horas contratadas o por la aparición de alternativas más baratas rayanas con la ilegalidad.
Al ser la seguridad privada una actividad mano de obra intensiva, 8 de cada 10 pesos del costo de la vigilancia física (que insume casi 70% del giro del negocio) van a sueldos, y los convenios colectivos que se firman con la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), implicaron aumentos del 34% en los últimos dos años.
Cómo se trasladará a una facturación mensual del sector de $ 2.556 millones como la actual, cómo incidirá en la cantidad de horas a contratar por los usuarios, si estarán dispuestos a pagar los aumentos y cómo, constituyen el acertijo empresarial del momento.
“Cuando arrancamos con estos convenios colectivos, teníamos los sueldos en $6.000 y pico y hoy están en más de $10.000”, advierte el presidente de CAESI, Aquiles Gorini.
Seguridad tecnológica
No solo la competencia del precio de la hora-hombre determina la permanente revisión de los números del negocio. Ezequiel Benedetti, director de Vanguard, también da fe de haber visto a lo largo de su trayectoria de la firma “cómo servicios que hace 20 ó 30 años insumían 50 vigiladores o más, hoy se cubren con menos de 10”. Le da pie para aclarar, pese a todo, que la tecnología, que requiere de planificación e importante inversión inicial, no es un reemplazo absoluto para la seguridad física, la cual sí brinda soluciones inmediatas y puede ajustarse dinámicamente a las necesidades y las fluctuaciones del mercado.
La reconversión tecnológica y de los recursos humanos podría haber sido otra de las causas que motivó a varias firmas del sector a retirarse ya que, según la consultora Claves, el padrón bajó de 1.679 registradas en 2013 a 1.650 en 2014.
Hasta puede haber incidido también en esta desafección la cobertura que brindan los servicios de policía adicionales que prestan todas las fuerzas de seguridad pública, la que para el titular de la cámara se expandió, pero de un modo que califica de atomizado.
Según los datos que maneja Gorini en torno de las fuerzas de seguridad, como Policía Federal y Gendarmería, Prefectura, y en menor medida en Seguridad Aeroportuaria, con la Policía Metropolitana se estaría en el orden de los 200.000 efectivos, a los que cabría incluir los 70.000 de la Bonaerense y los 15.000 largos de las policías locales, que por la ley provincial todo el tiempo incorporan. Su pregunta entonces sería: ¿quién sabe dónde está cada uno y quién concentra el mando operativo?
Otro motivo de desconcierto para una empresa del ramo es que para estar en todo el país necesita 26 habilitaciones: en las 24 jurisdicciones más la Aeroportuaria y Prefectura. “Son 26 aranceles diferentes, autoridades de aplicación, fiscalizadores, normativas, y no es bueno, porque la actividad se rige por leyes nacionales: registro de las personas, de reincidencia, de armas, habría que terminar con un federalismo obsoleto”, estalla Gorini.
Anuncia que este será otro capítulo para abordar con la nueva dirigencia política, lo mismo que la generación de nuevas vetas de ocupación para los asociados mediante la celebración de distintas complementaciones con el sector público, como se viene haciendo con el Operativo Sol desde hace cuatro veranos, con el Acuda que se acordó compartir con la policía Metropolitana en CABA y ahora con el proyecto de regreso del público visitante al futbol.
Pero Gorini concibe otra meta más enjundiosa en ciernes: trabajar fuerte para frenar la competencia desleal que representa el avance de las prestaciones clandestinas, en una coyuntura de costos en aumento por encima de los presupuestos.
Ezequiel Benedetti, exhorta a que el riesgo de “una reducción de horas-hombre en los servicios y la consecuente pérdida de puestos de trabajo en el sector” no sea perdido de vista en vísperas de la próxima negociación paritaria.
Las anchas espaldas financieras de las empresas extranjeras y la competencia trucha representan la polarización que caracteriza a un mercado argentino turbulento, en el que sobra la inseguridad para demandar seguridad en un marco revueltos, ecuación esta que será vital resolver para que superviva el prestador y sobreviva el cliente.
Demanda mundial asegurada de menos a más
Los principales países de las regiones de Asia, Europa del Este, África y el Medio Oriente son los que, por defecto, tienen el mayor campo para recorrer en la materia de desarrollo de la seguridad. También es relativamente baja la intensidad de uso de los servicios en China, india y Sudáfrica. Medido en relación con indicadores como el PIB y la población urbana, se le estima una tasa anual de 10% hasta 2018.
Los socios del Brics representarán 18% del mercado mundial de seguridad privada hacia 2018, mientras que para ese entonces otro, como Brasil, segundo mercado mundial más importante en 2013, alcanzaría 8% de participación gracias a una expansión por encima del promedio.
Estados Unidos continuará siendo el mayor consumidor nacional de servicios de seguridad privada: 27% de la demanda total mundial en 2018.
La Argentina registra un desarrollo prematuro de la actividad. Siguiendo el último ranking elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que toma datos de 2010 (los de la Argentina son de 2008), la Argentina lidera con 973 robos cada 100.00 habitantes, muy por encima de los 473 robos cada 100.000 habitantes en promedio del resto de los países de la región, según Claves IC.
Asimismo, desde 2000, la Argentina es el país con más robos en el continente americano, proporcionalmente. Tuvo picos durante 2002 y 2003, tras la crisis de fines de 2001, con tasas de 1.253 y 1.146 robos cada 100.000 habitantes, respectivamente, pero la disminución fue apenas perceptible.
El CEO de G4S, Fernando Kelly, identifica como potenciador de estas estadísticas al creciente grado de violencia de las situaciones de inseguridad. Observa en algunas áreas del interior el crecimiento de ciertos tipos de delitos atribuibles desde al crecimiento demográfico de áreas urbanas hasta las actividades del crimen organizado, como el narcotráfico, o la piratería del asfalto, asociados a delitos más complejos.
Fuente: Revista Mercado
