En paralelo con algunos artículos que venimos compartiendo en este espacio, les acercamos una noticia que precisamente coincide con lo que veníamos anunciando desde nuestra línea editorial: cómo los litigios en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales terminan repercutiendo negativamente en la relación empresa-empleados, ya que lejos de buscar recomponer un derecho vulnerado, una gran cantidad de demandas forman parte de un armado jurídico espurio destinado a desfinanciar el sistema de ART, perjudicando empresas y empleados, poniendo en riesgos fuentes de trabajo.
Creará por decreto una comisión que encabezará Triaca para seguir los casos de fraude en los fueros de trabajo y previsional; apunta a desbaratar un negocio de US$ 500 millones.
El presidente Mauricio Macri ordenó activar un comité de seguimiento de la industria del juicio, una de sus grandes obsesiones. La iniciativa apuesta a desarticular un negocio de US$ 500 millones anuales en honorarios, que se repartirían entre 60 estudios jurídicos que el Gobierno tiene en la mira por presunta litigiosidad ilegítima.
Aceleró la reacción oficial un relevamiento que hizo el Ministerio de Trabajo, en el que detectó numerosas causas judiciales de accidentes de trabajo fraudulentas, con patrones y actores comunes. En la cartera laboral, que encabeza Jorge Triaca, sospechan de la complicidad de “empleados infieles” que proveen de datos a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) para iniciar juicios.
La intención es crear por decreto, en el corto plazo, una comisión de seguimiento de casos de fraude laboral y previsional. Triaca estaría al frente. Además, el Gobierno buscará sumar más provincias para que adhieran a la nueva legislación de ART.
En el Gobierno hablan de “bolseros”, un término que no todos conocen en la jerga del derecho laboral. Un asesor directo de Triaca se refiere así a los abogados laboralistas, peritos, médicos y delegados gremiales que actúan de manera coordinada para “comprar listados de juicios” y así obtener réditos económicos de acuerdo con el resultado de éstos.
El mecanismo tiene similitudes con el de los abogados “carancho”, que merodean hospitales a partir de información que les suministran terceros en busca de patrocinar legalmente a la víctima de un accidente de tránsito. Para desbaratar esta práctica, el Gobierno avanzará en la constitución de la comisión que encabezará el ministro Triaca.
Las presuntas irregularidades en los juicios laborales que señalan desde el Gobierno tienen un correlato en la justicia federal.
Está en curso en el juzgado de Ariel Lijo una causa iniciada por Liderar ART. La empresa aseguradora denunció irregularidades, como duplicación de casos, reclamos de personas fallecidas y complicidad entre diferentes actores. Todavía resta definir la competencia de la investigación, si es que seguirá en el fuero federal o será trasladada al ordinario. Hay argumentos disímiles, al respecto, en el Ministerio de Trabajo. “La justicia federal nos da hoy garantías de que habrá resultados”, opina un jerárquico de la cartera laboral.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, desconoce el mecanismo de los “bolseros” que denuncian desde el Gobierno y apunta hacia las ART.
“Los caranchos van a los hospitales, en este caso el carancho sería la ART. Es un negocio de ellos. El propio sistema, sin prevención y con una ley de ART inconstitucional, es el que empuja hacia arriba la litigiosidad”, dice el abogado, que se identifica con la CTA.
Los abogados laboralistas se enfrentaron al Gobierno por los alcances de la nueva ley de ART, que aún no logró adhesión en todos los distritos del país. A partir de su resistencia, Macri embistió contra los abogados del sector; los acusó de “estorbar y alejar el crecimiento”, además de actuar como “mafias”.
Después del triunfo electoral, el Gobierno buscará sumar más provincias para que adhieran a la nueva legislación de ART. Hasta el momento la avalaron los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. El desafío es lograr antes de fin de año que se apruebe en la provincia de Buenos Aires, donde surgieron escollos legislativos con la oposición peronista y massista. Entre los cuatro distritos comprenden cerca del 70% de los conflictos laborales por accidentes de trabajo.
La ley reformada crea una instancia obligatoria de revisión administrativa, a través de las comisiones médicas, que definen las indemnizaciones y aceleran el pago, con el fin de evitar que se siga incrementando el stock de juicios. La nueva norma tiene como objetivo que la mayoría de los casos sean resueltos en la instancia administrativa. Pero requiere de la adhesión de un amplio número de provincias, para evitar que los abogados evadan la norma eligiendo el distrito.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, entre mayo y junio, los juicios iniciados en la ciudad se redujeron a la mitad en relación al año anterior, pero los de provincia, en cambio, se duplicaron.
“Las empresas se van a terminar yendo de los distritos que no adhieran”, presionan desde la Casa Rosada. Y ejemplifican con el sector pesquero en Mar del Plata: “Hay cuatro juicios laborales per capita. Es casi inviable”.
La conciliación
Otra vía que fomenta el Ministerio de Trabajo como instancia alternativa para agilizar la resolución de conflictos laborales sin la necesidad de llegar a los tribunales es el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo). En 2016 se generaron 84.258 expedientes y el porcentaje de acuerdos fue de 26%. Mientras que en 2017 la cantidad de expedientes bajó a 59.922 y se elevó el porcentaje de acuerdos a 39%.
El Gobierno considera el Seclo un paso clave para evitar el aumento de los juicios laborales. Es otro atajo para golpear a una industria que Macri tiene en la mira.
Fuente: www.lanacion.com.ar
